LAS REPERCUSIONES REGIONALES DE LAS BASES MILITARES EN COLOMBIA,

Ricardo Soberón Garrido[1]
14 de Agosto del 2009

Mientras en las capitales andinas los diplomáticos se debaten en acusaciones y retiro temporal de diplomáticos, en las fronteras nacionales se producen frecuentes incidentes policiales y militares. En este marco, Washington consigue equilibrar una situación geopolítica que le era adversa, al mantener el tema de las bases militares en Colombia como de carácter bilateral, ayudado por el presidente Lula. En este Informe, vemos como el uso de las Bases en Palanquero, Apiay, Tolemaida, Málaga, Cartagena, se puede constituir en un instrumento que rompe con la débil estabilidad fronteriza y regional.

Pese a la ausencia de los presidentes Uribe y García, los mandatarios asistentes a la III Reunión Ordinaria de Consejo de Jefes de Estado de UNASUR en Quito, no discutieron a fondo el tema de Acuerdo en materia de Cooperación y Asistencia en Defensa y Seguridad recientemente acordado por EE.UU y Colombia, quedando pospuesto para la reunión de Ministros de Defensa y Cancilleres el 24 de agosto en Buenos Aires. Aparentemente, la gira previa del presidente Uribe, surtió efecto. Por un lado, neutralizó la propuesta boliviana y la acción de Caracas, de solicitar la condena al acuerdo bilateral por sus implicancias para la seguridad regional.

El tema de la presencia militar norteamericana, tiene un impacto que trasciende el conflicto armado entre el ejército y las FARC que sigue una lógica de “privatización” por la presencia de contratistas y grupos privados[2]. La cuestión es preguntarse si: ¿afecta de algún modo la estabilidad regional en las fronteras? Algunos analistas como Alfredo Rangel, se han pronunciado en contra de esta posibilidad, alabando más bien su suscripción[3], nosotros creemos lo contrario.

Desde el 2008, han sido más frecuentes los incidentes militares en los 2,219 kilómetros de frontera colombo venezolana y en los 520 kilómetros del borde con Ecuador, como ocurrió con la “persecución en caliente” de aviones colombianos al campamento de “Raúl Reyes” en Angostura (marzo del 2008), hecho que mantiene alejados a Quito y Bogotá. En agosto, once soldados ecuatorianos fueron devueltos después de haber cruzado la frontera.

2. La Historia no engaña: ¿Las Drogas o los Recursos Naturales?

Para analizarlo con mayor precisión, debemos evaluar la experiencia del Comando Sur en el período de la FOLS[4] en Manta, Aruba y Curazao (1998/2008). A finales de los años 80, ocurrió algo similar con los impactos ambientales ocasionados por el uso de los centros de tiro en Viaquez, Puerto Rico. Debemos recordar el rol del General Manuel Antonio Noriega y la posterior invasión de Panamá, en diciembre de 1989, que confirma los intereses que priman alrededor de la toma de decisiones en el Pentágono. Otro ejemplo más reciente, pueden ser el mal uso que se le dio a la Base de Guantánamo y los presos talibanes allí detenidos y torturados.

Existen evidencias dejadas sobre los impactos provocados por el uso de la Base de Manta, Ecuador, particularmente, el hundimiento de pesqueros ecuatorianos (2001/2003), captura de emigrantes, la militarización de la frontera y como no, la ruptura de las relaciones entre Quito y Bogotá. Así pues, la historia reciente enseña que la cooperación militar y peor aún, el establecimiento de instalaciones de EE.UU terminan afectando las relaciones vecinales,

En las épocas de mayor militarización de la Guerra contra las Drogas en América Latina, el narcotráfico ha seguido operando. Tanto en el período de apogeo y caída de los carteles de Medellín de Pablo Escobar (1993) y Cali de los Hermanos Rodríguez Orejuela (1996), como ahora, con la fase de transición y el control de las rutas a EE.UU por parte de los grupos mexicanos a través de los diversos carteles que hoy se encuentran en guerra con el gobierno de Felipe Calderón.

El argumento usado por el Pentágono para solicitar el convenio, es fortalecer la interdicción antidroga y la guerra contra el terrorismo, pero los críticos aducen que será multipropósito: contra las FARC, contra Chávez, pero también para asegurar el acceso a la Amazonía. La Guerra contra las Drogas se va por 40 años de fracaso, mientras se aplica el Plan Mérida, los colombianos discuten sobre la posible reelección de Uribe y el Plan Colombia II (US$ 520 millones). En definitiva, existen elementos contenidos en la propuesta que permiten poner en duda su idoneidad para la seguridad regional.

2. Los Andes amazónicos en tensión.

Existe un complicado escenario político en el tablero de ajedrez sudamericano en especial en los países andinos, como para que la existencia de las instalaciones sea solo un asunto doméstico. Mientras que la CAN ha perdido su rumbo regional, otras como UNASUR, no han madurado lo suficiente, como se demostró en Quito. Las relaciones bilaterales están polarizadas: Colombia tiene difíciles relaciones con los gobiernos de Venezuela y Ecuador; el Perú de Alan García, choca permanentemente con el gobierno del boliviano Evo Morales, por interferencias y asilos concedidos.

IMPACTOS REGIONALES.
Los acuerdos en mención, pueden tener diversos resultados e impactos negativos en la región:

(i) pueden ser los puntos para que EE.UU realice acciones más sofisticadas en el uso de tecnología militar, especialmente dirigidas a gobierno incómodos;
(ii) terminan afectando la soberanía nacional, como lo pudo comprobar el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, los meses previos a Angostura, por el uso de servicios de inteligencia policial ecuatorianos para Washington.
(iii) deterioran la situación de DD.HH. en zonas convulsionadas por los cultivos, el conflicto mismo, la presencia de actores irregulares y la privatización de la guerra, como ocurre en el VRAE o Nariño;
(iv) reproducen las operaciones del narcotráfico a otras zonas similares, como ha ocurrido en Selva Central en Perú, el departamento de Nariño en Colombia o Chuquisaca, para la cannabis proveniente de Bolivia.

La negociación del convenio duró tan solo cuatro meses y estuvo por fuera del control político, como sucedió antes con la presencia de tropas norteamericanas en el VRAE en el 2008, lo cual pone un manto de duda sobre su análisis y reflexión. Pese a que la Casa de Nariño lo usara como argumento para explicar sus razones, la verdad es los acuerdos de Brasil y Francia o los que ha suscrito Venezuela y la Federación Rusa, tienen distinta naturaleza y objetivos.

Una primera baja en el debate, ha sido el enfriamiento de las tensas relaciones entre Colombia y Venezuela afectando el intenso intercambio comercial. Caracas decidió reemplazar las importaciones de carne y carros colombianos, con productos argentinos. Del lado colombiano de la frontera, desde La Guajira, Santander y Arauca, dependen del combustible venezolano y la crisis repercutirá en las economías locales. La espiral de deterioro es antecedida por las acusaciones por pérdida de armas venezolanas aparecidas luego en manos de las FARC. También las críticas por el escaso esfuerzo antidroga que -según el Departamento de Estado norteamericano- realiza el gobierno de Hugo Chávez. Ello es usado por los sectores más belicistas en Bogotá, como el ex ministro de Defensa y posible candidato presidencial, Juan Manuel Santos. En tales condiciones, el tema de las bases militares ha distanciado aún más a los vecinos y se ha convertido en un “caballito de batalla” de Chávez en la región, al igual que con la crisis en Honduras. El que los Estados de frontera como Maracaibo, Táchira y Apure, están en manos de la oposición y exista más de 1 millón de colombianos viviendo allí, la hace aún más estratégica para Caracas al momento de evaluar la presencia militar de EE.UU en sus bordes.

Hay un último factor de carácter geopolítico, que es de interés para el Comando Sur: el monitoreo y control sobre recursos naturales y su libre accesibilidad. Las operaciones Partnership Of Americas 2008 y 2009, y la reactivación de la IV Flota que opera alrededor de las costas marítimas, van en esa línea. Mientras, en el Trapecio Amazónico de la frontera tri nacional -entre Leticia, Tabatinga y Santa Rosa-, y los 1,600 kilómetros de frontera fluvial en el río Putumayo, se incrementa el interés estratégico del Comando Sur al constituir esta zona la retaguardia de las FARC y donde se realizan operaciones antidrogas[5]. Como los gobiernos en Lima y Bogotá comparten por “osmosis” visiones sobre la seguridad en la región, Torre Tagle ya habría tomado la decisión de apoyar a Bogotá respecto del convenio. Esto puede rebotarle en la cara a la seguridad nacional, si se produce el incremento de las acciones de SL-Proseguir, una presencia más visible de las FARC o, el aumento del narcotráfico en el VRAE.
[1] Analista internacional, Centro de Investigación “Drogas y DDHH”.
[2] “Los Rastrojos” las “Aguilas Negras”, de un lado, Dyncorp, Arinc, Oackley Network, ITT, del otro.
[3] Fundación “Seguridad y Democracia”, http://www.seguridadydemocracia.org/
[4] Forward Operational Locations,
[5] Reconocimiento de la importancia del corredor fluvial del Caquetá, Putumayo y Amazonas, para la salida de la cocaína con destino a Manaos y Africa Occidental, y de allí a Europa.