BOLIVIA Y CHINA AMPLIAN CONVENIO DE COOPERACION TECNICO MILITAR

Enviado por Prensa el 17 Agosto, 2010 - 13:15.

El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, en su visita a la República Popular de China, se reunió con su homólogo de Defensa, Liang Guanglie, con quien acordó ampliar el protocolo de amistad y cooperación que mantienen las Fuerzas Armadas de ambos países, a través del cual se establecen los lineamientos de cooperación en las áreas de Defensa, Fuerzas Armadas, apoyo al desarrollo científico - tecnológico y el establecimiento de contactos culturales.

En el marco del Protocolo de Cooperación Bilateral, suscrito entre los ministerios de Defensa de la República Popular de China y del Estado Plurinacional de Bolivia, las Fuerzas Armadas bolivianas recibieron en los últimos cinco años un importante lote de equipamiento militar.

En la presente gestión las Fuerzas Armadas de Bolivia, recibieron 37 Buses Hinger, 21 Camionetas Nissan Pickup Truck y 40 motores fuera de borda Yamaha. En la gestión 2009, recibieron dos lanchas patrulleras artilladas y en la gestión 2007, 34 camiones FAW.

Ambos Gobiernos públicamente han expresado su interés de construir una relación más estrecha, incrementando acuerdos, protocolos y cartas de intenciones, no sólo en el área militar, sino también en materia económica y productiva.

Colombia: Gobierno debe tramitar nuevo acuerdo militar con Estados Unidos

Judicial |17 Ago 2010 - 10:58 pm
Sin bendición del Congreso, no hay tratado
Corte Constitucional hundió acuerdo de cooperación militar con EE.UU.

Por: Redacción Judicial

Con seis votos a favor y tres en contra, el alto tribunal dejó sin efectos el convenio que permitía a militares norteamericanos y contratistas hacer uso libre de siete bases militares colombianas.


Gobierno acata orden de la Corte en relación a acuerdo militar con EE.UU.

Nota | Judicial
"Gobierno debe tramitar nuevo acuerdo militar con Estados Unidos"

Nota | Judicial
El acuerdo militar entre Colombia y EEUU que aisló a Uribe y convulsionó a la región

Hasta tanto el Gobierno Nacional vuelva a tramitar con el visto bueno y beneplácito del Congreso un tratado de cooperación, personal norteamericano no podrá hacer uso de siete bases militares colombianas que habían sido dispuestas en virtud de un acuerdo firmado el 30 de octubre del año pasado entre ambos países con el fin de combatir el narcoterrorismo. Así lo dispuso este martes la Corte Constitucional al tumbar el controvertido acuerdo que causó roncha en el vecindario y fue tomado como pretexto por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para congelar las relaciones comerciales con Bogotá.

Al refrendar la posición del magistrado ponente, Jorge Iván Palacio, el alto tribunal consideró que el acuerdo para que contratistas y soldados norteamericanos pudieran desarrollar operaciones en las bases de Malambo (Atlántico), Palanquero (Magdalena Medio), Apiay (Meta), las bases navales de Cartagena y el Pacífico, el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia (Caquetá), excedía las competencias del Ejecutivo al fijar los alcances de este convenio de cooperación en defensa y seguridad. En criterio de la Corte, lo dispuesto por ambos países no era un acuerdo sino un tratado. En palabras castizas, significa que el Parlamento debía aprobar su contenido.

El principal argumento que dieron la mayoría de los magistrados para dejar sin efectos el acuerdo fue que estipulaba inmunidad judicial de la que podrían gozar los norteamericanos en caso de verse involucrados en actividades ilícitas. Una autorización que fue criticada en su momento por la Procuraduría y el Consejo de Estado. Los magistrados Mauricio González, Nilson Pinilla y Jorge Pretelt se apartaron de la decisión mayoritaria al considerar, en esencia, que el grueso de los instrumentos enmarcados en el acuerdo, que tendría una vigencia inicial de 10 años y sería renovable por períodos iguales, ya formaban parte de otros convenios avalados por ambos países desde hace décadas.

“El proyecto de acuerdo, tanto en su objeto como en su contenido obligacional, es muy amplio y desbalanceado para el país”, conceptuó la Sala Plena del Consejo de Estado el 13 de octubre del año pasado. En dicho documento, el Consejo de Estado advirtió que por los alcances inéditos de la cooperación debía ser sometido a las instancias ordinarias del control democrático como el Congreso, y consideró que, para garantizar la soberanía y la conveniencia para los intereses nacionales, era imperioso “renegociar los términos de inmunidad, cuyo desequilibrio fluye del otorgamiento de inmunidad al personal de los Estados Unidos sin discriminación alguna”.

La discusión en el interior de la Corte giró en torno a si este acuerdo bilateral incorporaba compromisos nuevos para el Estado colombiano, que estaban por fuera de la órbita del Presidente y, por ende, se necesitaba la bendición del Congreso. Asimismo, si la presencia de militares de Estados Unidos excedía negociaciones suscritas en los últimos 50 años para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Seis magistrados concluyeron que sí hubo extralimitaciones. Los restantes argumentaron que, al dejar el acuerdo sin efectos, se podía afectar la buena fe que rige las relaciones entre Colombia y EE.UU.

Tanto el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, como el de Defensa, Rodrigo Rivera, se pronunciaron en el sentido de que el Gobierno acata el fallo de la Corte y reiteraron la importancia de las relaciones entre ambos países en asuntos de seguridad y defensa en la lucha contra el narcotráfico. “El Gobierno resalta que esto no afecta los acuerdos previamente suscritos y vigentes con ambos gobiernos, que se seguirán cumpliendo de buena fe”, señaló Rivera. Desde que se empezó a cuajar el acuerdo de cooperación militar, peros no le han faltado, desde distintas orillas y de organismos de control.

Por ejemplo, el acuerdo estipulaba permitir el acceso y uso a siete instalaciones militares colombianas en donde los norteamericanos tendrían entrada libre de aeronaves al territorio colombiano, el uso de la infraestructura de la red de telecomunicaciones, “sin trámite ni concesión de licencia ni costo alguno”; el establecimiento de estaciones receptoras por satélite de difusión de radio y televisión; el ingreso de personal de EE.UU. a Colombia sin necesidad de pasaporte; o exonerar “del cobro de alquiler y costo sobre los bienes propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo la actividad del acuerdo”. Dichas estipulaciones regían para militares y civiles estadounidenses, sus cónyuges e hijos, contratistas empleados de los contratistas y observadores de terceros Estados.

Como perla, se establecían exenciones tributarias para estas personas y que sus ingresos percibidos por los servicios prestados en virtud del acuerdo no estarían “sometidos a los gravámenes de Colombia”, como el pago de impuestos por entrada y salida del país, y hasta peajes de vías no concesionadas. Todas estas gabelas le parecieron a la Corte Constitucional un exceso en las funciones del Ejecutivo y en eso coincidieron tanto la oposición como cercanos colaboradores del jefe de Estado, Juan Manuel Santos, y su antecesor, Álvaro Uribe. Armando Benedetti, presidente del Congreso, señaló que suponía que iba a caerse en la Corte. “Viene un debate muy duro, no sabría cómo va a reaccionar el Congreso, imagino que en favor de Santos, y no sé si eso incomoda las relaciones con Venezuela”.

A su turno, el parlamentario con mayor votación en el país, Juan Lozano, indicó que buscará que el trámite del tratado sea aprobado y debatido, y que los partidos de la llamada Unidad Nacional “haremos todo lo posible para que sea ratificado”. Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco recordó que muchos advirtieron que el pasado gobierno cometió un error garrafal durante este trámite, “pues no sólo concentró poderes al estilo virreinal, sino que se olvidó de que cuando se debaten temas sobre la soberanía tiene que estar representado el pueblo, y la representación de éste en nuestro sistema democrático se llama Congreso”. El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo vaticinó que es muy probable que una vez se surta el proyecto en el Legislativo, la Corte lo tumbe no por razones de forma sino de fondo. “No hay artículo de la Constitución que permita acantonar tropas extranjeras en territorio nacional”.

Como algunos anticiparon desde que se firmó el controvertido acuerdo, éste estaba destinado a hundirse en la Corte Constitucional. ¿Seguirá el gobierno Santos insistiendo en la aplicación de un tratado de cooperación como éste?

Redacción Judicial | Elespectador.com

Panamax 2010

Las maniobras Panamax 2010 contemplan dos semanas de ejercicios de mesa que se inician hoy, mientras que el adiestramiento en el campo comenzará el jueves próximo.

Cerca de 2.000 policías y militares de 18 países participarán en la octava versión de los ejercicios aeronavales Panamax 2010, que en su mayoría se llevarán a cabo de manera simulada, informaron hoy fuentes oficiales.


El subjefe de operaciones del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y encargado de las operaciones en Panamá, subcomisionado Jesús Rodríguez, dijo en una rueda de prensa que en uno de estos ejercicios se recreará una supuesta organización terrorista que busca tomar control del Gobierno y como uno de sus objetivos el Canal de Panamá.


"En años anteriores la mayoría del esfuerzo era marítimo y se realizaba con unidades flotantes (pero) este año debido a múltiples razones, esa parte de buques navales se realizará de manera simulada en la mayor parte de los ejercicios", explicó Rodríguez.


Indicó que las operaciones en vivo sólo se realizarán en el sector costero de Panamá, en la cual participarán con unidades flotantes los países centroamericanos.


También habrá ejercicios en vivo en Mayport (Florida) y en Norfolk (Virginia), ambos en Estados Unidos.


El subcomisionado Rodríguez indicó que si bien los ejercicios se efectuarán en mesas que simularán ciertas situaciones de conflicto, estos servirán para que los estrategas militares de los países participantes analicen los diferentes escenarios.


Además, se efectuarán ejercicios en dar respuesta en ayuda humanitaria o por desastres naturales.


Las maniobras Panamax 2010 contemplan dos semanas de ejercicios de mesa que se inician hoy, mientras que el adiestramiento en el campo comenzará el jueves próximo.


Entre tanto, el jefe de las operaciones en vivo de los ejercicios, y subcomisionado del SENAN, Gustavo Pérez, precisó que el teatro de la acción será en las riberas del Canal de Panamá para su supuesta protección, pero también se efectuarán acciones contra el narcotráfico que son consideradas como terroristas.


Señaló que los ejercicios serán de mesa principalmente porque "por la crisis económica a algunos países les cuesta demasiado participar y por ello pidieron que este año se dieran los ejercicios teóricos".


Explicó que la acción en vivo se llevará a cabo en los ríos del litoral Atlántico panameño, con maniobras de defensa y de seguridad, con abordajes y desembarcos.


Los países que participan incluyen a Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, y como observador a Alemania.


Los ejercicios Panamax se iniciaron en 2002 con la participación de los servicios marítimos de Estados Unidos, Chile y Panamá. EFE

Opinion Ministerio del Interior, respecto opinion Corte sobre Acuerdo de Bases Militares

Judicial |17 Ago 2010 - 1:04 pm

Mininterior resalta importancia de acuerdo con EE.UU.
No obstante, señaló que respetará la decisión de la Corte frente al tema.

Mindefensa visita Corte en jornada definitiva para acuerdo con EE.UU.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que es muy importante para el país seguir manteniendo vigentes acuerdos de cooperación militar como los existentes hasta ahora entre Colombia y Estados Unidos.

Manifestó que el Gobierno respetará sin reparo alguno la sentencia de la Corte Constitucional, frente a la iniciativa que busca permitir la presencia de militares estadounidenses en siete bases castrenses nacionales.

"El Gobierno no cuestiona el alcance de las providencias judiciales (...) Conoceremos la sentencia y acataremos la providencia", dijo Vargas Lleras, quien manifestó que la actuación del Ejecutivo dependerá de los términos en os que se produzca el dictamen de la Colegiatura.

Añadió que la visita de funcionarios del Ejecutivo a las corporaciones judiciales no tienen otro propósito que mantener la colaboración armónica entre los poderes, tras ser indagado respecto a la visita del ministro del Interior y de Justicia, Rodrigo Rivera, al presidente de la Corte, Mauricio González, antes del inicio de la Sala Plena en la que se dirimirá el asunto.

"El Gobierno tiene el derecho a interlocutar sobre asuntos que e preocupan; yo mismo lo voy a hacer. Por eso hablamos del inicio de una etapa en materia de colaboración armónica entre las ramas del poder público y, sin afectar su independencia, estaremos pidiendo sus intervenciones, sus opiniones", puntualizó.

Reducción de Gastos de Defensa en EE.UU

Where the Defense cuts are coming from

Monday, August 16, 2010

Defense Secretary Robert M. Gates laid out a broad swath of cost-saving initiatives last week. We break down what he said:

Contractor-directed cuts:

-- The amount spent on contractors, as part of the total Defense Department workforce cost, has grown from 26 percent in 2000 to 39 percent last year. Now the Pentagon will reduce funding for support contractors by 10 percent per year for the next three years.

-- The department will immediately reduce by 10 percent funding for advisory and assistance contractors in the intelligence field.

Defense Department-directed cuts:

-- The Pentagon will freeze the number of positions in the Office of the Secretary of Defense, defense agencies and combatant commands for the next three years. No more full-time OSD positions will be created after this year to replace contractors, except for "critical needs." Citing "brass creep" -- or cases in which people of higher and higher rank are assigned jobs that could be handled by lower-ranked staff -- Gates said he is also freezing the number of civilian senior executives and general and flag officers.

-- The Defense Department will complete a review by Nov. 1 to determine what its people "should be doing, where, and at what level of rank." After the review, the Pentagon will have two years to cut in half the increase in the number of positions -- both civilian and officer -- since 2000.

-- The Pentagon is doing too many reports and studies with no idea of the total cost and whether they are worth the time and resources, Gates said. As a result, the Pentagon will freeze the number of DOD-required oversight reports, cut by 25 percent the dollars allocated to advisory studies, track and publish the cost of preparing each report in the front of every document and review by Oct. 1 all oversight reports to reduce their number.

-- The Defense Department will review its numerous outside boards and commissions -- which total 65 and cost $75 million each year in just the Office of the Secretary of Defense alone -- to eliminate those no longer needed, focus the efforts of those that are and cut the total funding by 25 percent next year. Even unpaid boards require funding for staff and other costs, Gates said.


-- The department will review by Nov. 1 all of its intelligence missions, organizations and contracts to eliminate duplication and will immediately freeze the number of senior executive positions in defense intelligence organizations.

Gates said he would eliminate three organizations:

-- The office of the assistant secretary of defense for networks, integration and information and the Joint Chiefs of Staff's command, control, communications and computer systems unit.

-- The Business Transformation Agency, which oversees individual acquisition programs.

-- Joint Forces Command, which was set up to make sure the military operates jointly, particularly in training and sending forces to war.

Pentagon to cut thousands of jobs, defense secretary says
Network News


By Craig Whitlock
Washington Post Staff Writer
Tuesday, August 10, 2010

Defense Secretary Robert M. Gates said Monday that the Pentagon will cut thousands of jobs, including a substantial chunk of its private contractors and a major military command based in Norfolk, as part of an ongoing effort to streamline its operations and to stave off political pressure to slash defense spending in the years ahead.

Gates said he will recommend that President Obama dismantle the U.S. Joint Forces Command, which employs about 2,800 military and civilian personnel as well as 3,300 contractors, most of them in southeastern Virginia. He also said he will terminate two other Pentagon agencies, impose a 10 percent cut in intelligence advisory contracts and slim down what he called a "top-heavy hierarchy" by thinning the ranks of admirals and generals by at least 50 positions.

The reduction in funding for contract employees -- by 10 percent annually over three years -- excludes those in war zones.

Although the moves will save an unspecified amount of money, defense officials characterized them as a political preemptive strike to fend off growing sentiment elsewhere in Washington to tackle the federal government's soaring deficits by making deep cuts in military spending. The Obama administration has exempted national security from its budget reductions, but Gates said he fears that Congress might not be able to resist for long.

"It is important that we not repeat the mistakes of the past, where tough economic times or the winding down of a military campaign leads to steep and unwise reductions in defense," Gates said. He cited threats from Iran, North Korea and other countries -- in an implicit reference to China -- as justification for continued overall growth in the Pentagon's budget.

After a decade in which its budget has nearly doubled, the Defense Department confronts its most significant fiscal constraints since the end of the Cold War. These constraints are pressing the military to accept major changes in the way it operates, especially as it tries to end long-running wars in Iraq and Afghanistan.
The initiatives Gates detailed are part of his previously announced effort to save $100 billion over five years by trimming overhead and shrinking bureaucracy so that more money can be spent on troops and weapons.

That bureaucracy includes the U.S. Joint Forces Command, which was established in 1999 to coordinate training and military doctrine among the branches of the armed services. The command is also involved in organizing the deployment of armed forces around the world.

On Monday, the defense secretary emphasized that he is not seeking to cut the Pentagon's overall budget. Rather, he said, officials need to demonstrate a newfound thriftiness to keep deficit hawks elsewhere in the government at bay. "The culture of endless money that has taken hold must be replaced by a culture of savings and restraint," he said.

In a statement, Obama said he supports Gates's plans, saying they would "help us sustain the current force structure and make needed investments in modernization in a fiscally responsible way."

Despite soaring federal budget deficits, the Obama administration has asked Congress to increase defense spending next year from $535 billion to $549 billion, not counting the cost of the wars in Iraq and Afghanistan.

Lawmakers from both parties have questioned how long the Pentagon's budget can avoid the ax as Washington confronts its mounting debts. Analysts said Gates's preemptive strategy has played well on Capitol Hill, but might go only so far.

Pentagon to cut thousands of jobs, defense secretary says

"It's a very smart and anticipatory set of actions Gates is taking, and it will definitely help," said Maren Leed, a senior fellow at the Center for Strategic and International Studies and a former staff member of the Senate Armed Services Committee. "Will it be enough? Probably not."

Some stalwarts of the defense establishment have urged Gates to make deeper cuts.
The Defense Business Board, an advisory group at the Pentagon, recommended to Gates last month that he shutter the Joint Forces Command. It also urged the Defense Department to shed more than 100,000 civilian jobs overall, returning its workforce to the size it was in 2003, when it numbered about 650,000.

Gates noted that the number of people working directly for him -- in the Office of the Secretary of Defense -- has swelled by 1,000 employees over the past decade, an increase of about 50 percent. He said he would freeze the number of personnel in his office, as well as those working for defense agencies and the military's 10 combatant commands, for the next three years.

The reduction in money for contractors alone would mark a major shift in the way the Defense Department has conducted business over the past decade, as it sought to limit the size of the federal workforce by hiring private firms instead.
The Pentagon did not specify how much it hopes to save by closing the Joint Forces Command or by reducing the number of contractors. Nor did it say how many of those positions would be transferred to the rest of the Defense Department's civilian workforce.

"It's premature to give you a number," Comptroller Robert F. Hale told reporters. "I don't think it's ready for prime time."

Indeed, the military isn't even sure how many contractors are on its payroll. One Pentagon report recently estimated that it relies on about 766,000 contractors, at a cost of about $155 billion. "This does not include the intelligence organizations and we are told it is not a 'high-confidence' figure," the Defense Business Board noted. In comparison, the Defense Department's civil-service workforce consists of 745,000 people.

A Washington Post analysis conducted as part of the "Top Secret America" investigation, however, found a significantly higher number: an estimated 1.2 million contractors overall being paid by the Defense Department, including the armed services and military intelligence agencies.

Staff writer Rosalind S. Helderman in Richmond and staff researcher Julie Tate contributed to this report.

Perú compra Helicópteros rusos

Estado peruano adquiere ocho helicópteros rusos
Vie, 23/07/2010 - 08:39




Adquisición. Compra alcanza los US$ 250 millones. Máquinas serán usadas en la lucha contra el narcotráfico y contra facciones de Sendero Luminoso en el VRAE. Nota relacionada

María Elena Hidalgo.

Luego de dos semanas de intensas negociaciones, el gobierno peruano finalmente concretó ayer por la mañana la compra de ocho helicópteros a la empresa rusa Rosoboronexport por la suma de 250 millones de dólares.

Esta adquisición está compuesta de seis helicópteros MI-171sh y dos del modelo MI-35P, los que serán enviados a la base militar de Pichari, ubicada en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), para ser usados en la lucha contra el terrorismo.

Con esta adquisición la guerra en el VRAE contra Sendero cambiará sustancialmente, según los expertos militares del Comando Conjunto, debido a la precisión de ataque y por la carencia de suficientes MI-17 para el transporte de efectivos militaresy pertrechos militares.

Según las mismas fuentes, lo beneficioso de esta adquisición es que los pilotos de la Fuerza Aérea cuentan con amplia experiencia para realizar centenares de operaciones especiales porque conocen el manejo de los MI-17.

Blindaje respetable

Relevante también es la adquisición de los dos MI-35P, máquinas blindadas, artilladas y con inteligencia electrónica, lo que permitirá ejecutar operaciones donde no estaban ingresando las aeronaves de las FAP y el Ejército. El blindaje de los MI-35P es capaz de soportar disparos del enemigo.

Los MI-35P son una versión más moderna y mejorada de los MI-25 con los que contaba la Fuerza Aérea del Perú y que en su gran mayoría, se encuentran inoperativos.

Estas aeronaves se complementarán con el nuevo sistema de inteligencia electrónica que está usando el Comando Conjunto en el VRAE para localizar los campamentos clandestinos de Sendero Luminoso.

Lo más importante es que estas aeronaves están acondicionadas para operar en grandes alturas y en territorios inaccesibles y especialmente con climas adversos, así como en horario nocturno.

Debido a la premura de las Fuerzas Armadas por contar con estas aeronaves para fortalecer las operaciones contrasubversivas en el VRAE, la empresa rusa Rosoboronexport se ha comprometido a entregar los helicópteros MI-35P en enero del 2011, y en mayo siguiente de ese mismo año haría lo mismo con los seis helicópteros MI-171sh.

Datos

Anuncio. El ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, hizo conocer la compra durante el 13 aniversario de la operación “Chavín de Huántar”. “Son los que más se adecúan a las operaciones en el VRAE”, dijo.

Retraso. Rafael Rey señaló que la operación de compra se retrasó debido a algunas observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que al final hubo un desenlace feliz.

Compra incluye adiestramiento

Estos helicópteros se sumarán a los otros cuatro con que cuentan las FFAA, que buscan derrotar a los remanentes subversivos enquistados en la zona del Vizcatán. Los helicópteros reemplazarán a los tres helicópteros de la FAP caídos en el VRAE.

En el contrato se encuentra estipulado que por el monto que pagará el Perú, la empresa rusa tendrá que brindar entrenamiento y capacitación a los pilotos designados para capitanear las naves, además de dar la asistencia técnica necesaria.

Los MI-171sh son una versión mejorada de los que tenemos actualmente. Son helicópteros de transporte y combate, con una alta capacidad de carga (4 mil kilos) y pueden ingresar hasta 39 personas.